Una red de 84 personas acusadas de contrabando de cigarrillos enfrenta su primera audiencia en el proceso penal promovido por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía ha reunido información durante un año para demostrar que los imputados han defraudado al fisco por un monto de $2.2 millones.
La Unidad Penal de la Fiscalía Adjunta de los Intereses del Estado acusa a los imputados de contrabando de mercadería y agrupaciones ilícitas. Según uno de los fiscales, estos delitos se cometieron bajo la modalidad de crimen organizado. “Estas personas operaban en la zona occidental, central y oriental del país, introduciendo cigarrillos de contrabando por puntos no habilitados para su posterior distribución en dichas áreas”, explicó el fiscal.
Las investigaciones revelaron que la mercadería ingresaba al país por puntos ciegos, es decir, pasos fronterizos no autorizados desde Guatemala y Honduras, eludiendo los controles fiscales y evitando el pago de impuestos. La Fiscalía sostiene que este accionar no solo ha afectado las arcas públicas, sino también la salud de la población, al introducir productos nocivos sin registros sanitarios.
Durante la audiencia de imposición de medidas, la Fiscalía solicitó al Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador que los acusados permanezcan en prisión mientras dure el proceso penal.
Los presuntos contrabandistas fueron detenidos el 9 de julio de 2024. La investigación fiscal, que se extendió por más de un año, detalla que la estructura ha defraudado al Estado por $2,229,499.95 en evasión de impuestos. Utilizaban camiones y vehículos tipo sedán para transportar ilegalmente los cigarrillos desde Guatemala y Honduras, sin los registros de salud correspondientes.
Las detenciones se realizaron en San Salvador, Metapán, Santa Ana, Ahuachapán, Chalatenango, Santa Rosa de Lima y Pasaquina. Durante los allanamientos, se decomisaron vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
