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Patricia Bullrich lanza plan para eliminar el ocio en cárceles argentinas, inspirado en El Salvador

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha lanzado el plan “Manos a la Obra”, con el objetivo de reformar el sistema penitenciario del país y hacerlo autosostenible. Inspirado en el exitoso modelo de El Salvador conocido como “Plan Cero Ocio”, este programa busca que los reos trabajen para cubrir sus necesidades dentro de las cárceles y mantener las instalaciones penitenciarias, eliminando la asignación de “salarios” que algunos reclusos recibían anteriormente.

Según Bullrich, todos los privados de libertad deberán contribuir al mantenimiento de las cárceles, ya que son sostenidas con los impuestos de los ciudadanos. “Se acabó la vagancia en las cárceles. Ahora, todos los presos trabajarán arreglándolas”, afirmó la ministra, quien también criticó el sistema anterior, que permitía a los reos formar sindicatos y recibir beneficios como seguros por accidentes laborales.

El plan se presentó en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, como parte del Servicio Penitenciario Federal. Bullrich subrayó que los prisioneros deben trabajar para reparar el daño que causaron a la sociedad y serán responsables de confeccionar sus propias vestimentas penitenciarias.

Este cambio llega poco después de la visita oficial del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Argentina, donde compartió con su homólogo Javier Milei los éxitos de la estrategia de seguridad implementada en su país. En esa ocasión, el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, compartió los detalles del funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad más grande de América, que Bullrich visitó en junio pasado.

El modelo penitenciario salvadoreño ha permitido al gobierno rehabilitar a 48,000 presos no pandilleros, quienes trabajan en proyectos de mantenimiento de infraestructuras públicas como escuelas y hospitales. Este enfoque ha generado un ahorro significativo al sistema penitenciario salvadoreño, reduciendo los costos operativos en $56 millones al año.