La Asamblea Legislativa aprobó ayer la 33ª prórroga del régimen de excepción, extendiéndolo por 30 días más. Esta medida, establecida inicialmente el 27 de marzo de 2022 en respuesta a un aumento de homicidios, refuerza la estrategia del Plan Control Territorial (PCT) para garantizar la seguridad pública en El Salvador.
El régimen, solicitado por el presidente Nayib Bukele y respaldado por el congreso desde su implementación, suspende garantías constitucionales como la libertad de asociación, el derecho de defensa, el plazo de detención administrativa, la inviolabilidad de correspondencia y la intervención de telecomunicaciones. Según el Gobierno, estas acciones han resultado en una reducción histórica de la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad para la población.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, argumentó en su solicitud que el régimen sigue siendo necesario para erradicar por completo a los grupos terroristas y evitar un retroceso en los avances logrados. También destacó que el régimen ha permitido logros significativos en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
